Síntesis del trabajo de la Segunda Jomada de Evaluación y Proyección del Comité Pro Anulación de la Ley de Amnistía y las proyecciones de trabajo en coordinación de organizaciones de derechos humanos a dos años de la publicación del Informe Rettig y las demandas pendientes en materia de verdad y justicia.

Oficio de la Secretaría General de Gobierno sobre la detención y desaparición de Carlos Salcedo. En el documento, su esposa María Soledad Henríquez en compañía de su abogado Sergio Concha, solicitan la aclaración de la situación de Carlos Salcedo tras la publicación de una lista con más de 1200 nombres de detenidos desaparecidos cuyos casos se encontrarían solucionados, entre los que figura el nombre de Carlos.
María Soledad solicita al Registro Civil, la Cruz Roja y la Central Nacional de Informaciones (CNI) hacer llegar a la Secretaría General de Gobierno los documentos pertinentes para aclarar la identidad de la persona que figura en la lista. En caso de no ser la misma, se exige la aclaración del lugar de detención de Salcedo, de quien no se tiene información desde el día de su detención el 16 de agosto de 1974.

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Carta enviada por Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura al programa radial "Panorama" emitido por la Radio Nacional de Suecia. En ella, Pascualina narra los dolores y la angustia que ha vivido por 16 años tras la detención y desaparición de Juan Miguel el 16 de agosto de 1974 efectuada por agentes de la DINA. Además de las numerosas gestiones y contactos con diplomáticos y políticos europeos para conocer el paradero de su hijo; su experiencia como Dama de Rojo y voluntaria en el Hospital San Juan de Dios en la comuna de Quinta Normal, lo que le permitió conversar directamente con Augusto Pinochet y José Toribio Merino, miembros de la Junta Militar.

Fotografía de Manuel Vergara, padre de Rafael y Eduardo Vergara Toledo jóvenes militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) asesinados por Carabineros el 29 de marzo de 1985 en Villa Francia.

Fotografía de Manuel Vergara y Luisa Toledo, padres de los hermanos Vergara Toledo asesinados el 29 de marzo de 1985 por Carabineros en Villa Francia. Luisa, quien sostiene a un niño en la imagen, al igual que Manuel, sentado a su lado en lo que parece ser un auditorio, han dedicado su vida a la lucha por verdad y justicia tras la muerte de sus hijos Rafael y Eduardo, denunciando la impunidad imperante en el país y relevando el espíritu revolucionario de los jóvenes combatientes.

Fotografía de Luisa Toledo, madre de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados por Carabineros el 29 de marzo de 1985.
La imagen corresponde a una presentación de Luisa en noviembre de 1988 en el ex Pedagógico, nombre con el que era conocido el antiguo Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, hoy convertida en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. En dicho establecimiento de educación superior estudiaba pedagogía en Historia Eduardo, quien había ingresado a la universidad en 1982, siendo posteriormente desvinculado.

Folleto elaborado para la campaña de Londres 38 'Toda la Verdad Toda la Justicia' con infografías sobre la represión en Chile, incluye los nombres de las personas detenidas desaparecidas en democracia. El díptico fue traducido al coreano por WonderChile.

Respuesta recibida por parte del Poder Judicial a partir de una solicitud de información por transparencia realizada por Londres 38, espacio de memorias, sobre estado de las causas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, indicando nombre de procesados o condenados y penas según corresponda.